LA "MANO PROPIA" NO ES JUSTICIA.

El fenómeno de la inseguridad es prioritario entre las preocupaciones de la ciudadanía desde hace décadas. En los primeros meses de gestión de Mauricio Macri los medios de comunicación le restaron espacio a las noticias policiales a un punto que no se hablaba de robos, rehenes, secuestros, crímenes, etc.

Sin embargo, la realidad del país se impuso en la agenda mediática. Primero, por la violencia de los delitos y luego por la repercusión de los casos donde la victima del siniestro respondió matando a su agresor. La conmoción de estos casos y el dilema que encierran abrieron un nuevo debate.

En la última década, el debate se circunscribía entre quienes defendían posiciones de “mano dura” proponiendo represion, endurecer penas y otorgar mayores licencias a las fuerzas de seguridad. La posición alternativa, denominada “garantista”, argumentaba que la respuesta era social, dado que las desigualdades del sistema y la falta de oportunidades generaron este fenómeno. 

En definitiva, el dilema central es si existe una sola victima (quien sufre el delito) o si existe otra victima en quien ha sido excluido y no ha tenido oportunidades.

Los defensores de la “mano dura” reclaman mayor poder a las fuerzas de seguridad, intervención de los sectores militares e incluso la pena de muerte –inconstitucional en nuestro país. La mirada estrictamente represiva olvida la realidad interna de las fuerzas de seguridad, las enormes inconsistencias del sistema judicial y una total negación de la dimensión social.

Por otra parte, el “garantismo” coloca el foco en la “cuestión social”, respaldándose en la gestión del kirchnerismo que en una década logró importantes avances: Reducción de la pobreza, creación de empleo, programas sociales, inclusión social y educativa, etc.

La crítica recibida fue el “determinismo social” para abordar la problemática y algunas  decisiones importantes que no llegaron a tiempo para mostrar resultados: Reformas inconclusas de las fuerzas de seguridad, intentos de reforma del Sistema Judicial para democratizarlo, brindar acceso a la Justicia y evitar la llamada “puerta giratoria”.

En este esquema, la discusión se trunca en las posiciones ideológicas y no surgen respuestas que integren la inclusión social con la prevención y el combate del delito. Las dos visiones se disputan la opinión pública: ante cada delito crecen las voces de “mano dura” y ante cada conquista social se demostró que la recuperación de derechos es parte de la solución.

Con todo, entendiendo la complejidad del tema y la ausencia de soluciones inmediatas, nos encontramos frente a un gobierno que expresa sin tapujos planteos de "mano dura" dejando en segundo plano cualquier mirada social, situación agravada por un modelo económico que profundiza la desigualdad y la exclusión.

Lo delicado es que se desplazó el eje de debate, ya no se trata de “mano dura” o garantismo”, hoy se discute la legitimidad de la “justicia por mano propia” - que no es Justicia. Los medios juegan su rol y el presidente contribuye a la confusión buscando empatizar con la población en una dicotomía absurda donde se intenta aclarar quién es el “bueno” y el “malo” durante un ilícito.

El tema de fondo es el rol del Estado y su monopolio en el uso de la fuerza pública para no terminar distribuyendo el uso de la fuerza en manos privadas. Si bien existe una proliferación de la seguridad privada la situación actual es más sensible. Se pretende instalar el derecho a matar como regla.

Pensemos, ¿Qué sucedería si en los aspectos donde el sistema tiene falencias los ciudadanos obrarían por cuenta propia? Los ciudadanos dejarían de ser tales, se privatiza totalmente la vida en comunidad, y en el peor de los casos: Ley de la Selva. (Educación, Salud, Comercio, Trabajo, etc. sometidos a los excesos de la voluntad individual porque el sistema falla).

Exageramos los ejemplos para esclarecer que: proliferar la práctica de la “mano propia” solo reproduce violencia y elimina cualquier mediación institucional. Hoy nos presentan un esquema donde “la Justicia no debe intervenir porque debería ser normal que las victimas de delitos puedan asesinar, aún cuando no sea en legítima defensa”.

Es una trampa que puede generar un espiral de violencia sin ninguna respuesta institucional: Quienes delinquen exacerban sus métodos ante la posibilidad de morir y las victimas se preparan para matar porque vale todo. Los medios de comunicación, el Presidente y varios opinólogos -en lugar de aportar racionalidad- dicen que “los delincuentes son incorregibles y no tienen ningún derecho ya que son potenciales asesinos”.

Quienes piensan y deciden políticas públicas y el rol de las instituciones tienen la responsabilidad de no caer en la tentación de dejar la solución en “las manos de la gente”, y poner a las instituciones en su lugar, regulando los problemas públicos y brindando respuestas institucionales confiables.

Debemos recuperar la disyuntiva inicial si es necesario, todas las alternativas y los consensos son preferibles antes que correr al Estado del problema y delegar la Justicia en la “mano propia”. La “mano dura” por sí sola no resuelve las causas que originan la inseguridad, mientras que la inclusión resuelve en el mediano-largo plazo pero puede resultar insuficiente en el “mientras tanto”.

Las respuestas institucionales deben ser lo más cercanas a: (1) Un Estado presente que brinde igualdad de oportunidades y de condiciones. (2) Políticas de prevención y combate del delito con fuerzas de seguridad y un poder judicial que se adapten al sistema democrático y respeten el Estado de Derecho.