El clima de época nos indica que la política ha sido recuperada, que su
presencia es notoria en todos los ámbitos donde se toman decisiones y en
todas las disputas que ocurren en nuestra sociedad. La recuperación de la política
no implica que una decisión gubernamental sea inapelable, ni siquiera cuando se sustenten en el apoyo electoral y en las instituciones de la democracia.
Los principales sectores de la oposición son incapaces en el plano político, no lograron construir estrategias electorales duraderas, ni proponer una alternativa política real y consistente. La fórmula política que los caracteriza consiste en desplazar todas las disputas al plano judicial, o lo que comúnmente se denomina "judicialización de la política". La resignación política se traduce en la maniobra de denunciar como inconstitucional las decisiones del poder ejecutivo y legislativo. La permanente recurrencia a medidas cautelares es una camisa de fuerza que intenta maniatar las potestades políticas del gobierno nacional.
En este contexto, en los últimos meses "la democratización de la justicia" ha sido el tema que más inquietó a los sectores que reclaman desde la República y actúan desde las sombras corporativas. La falsa apropiación de la República, que hacen los sectores cómplices de los procesos autoritarios, es una burda maniobra de preservación del orden, donde la justicia no es más que la guardiana del statu quo. La justicia representa el último bastión, el último refugio de resistencia desde donde se apela y se frena la voluntad política de un gobierno democrático y legítimo.
Más allá del debate sobre la reforma estructural de la justicia, existe una desconfianza ciudadana generalizada sobre el accionar de los jueces y las influencias económico-políticas que afectan sus decisiones. A pesar de la desconfianza, los sectores opositores critican la necesidad de una reforma judicial, suponiendo que la misma representa un reaseguro de impunidad para el oficialismo.
La justicia como institución tiene una importancia innegable a la hora de resolver todo tipo de aspectos: penales, comerciales, administrativas, derechos de propiedad, etc. Ante la magnitud de temas que trata, cuando se equivoca sus falencias son aún más notorias. Casos que nunca se resuelven, actores que reciben un trato "privilegiado" frente a ciudadanos de a pie que llevan décadas esperando una respuesta, absoluciones e irregularidades insoportables como el caso de Marita Verón, entre otros.
Con todo, este momento histórico nos plantea un gran dilema: ¿Por qué los sectores del poder económico acuden legítimamente a la justicia para proteger sus intereses; mientras que la iniciativa gubernamental de contrarrestar los efectos de la judicialización de la política es criticada?
La respuesta es obvia, los críticos argumentan que la justicia es independiente, que no debe estar presionada por "la política", sin embargo, no son tan estrictos a la hora de denunciar que el poder económico también presiona al poder judicial. Es decir, la justicia no es independiente porque está integrada por hombres y mujeres que son parte de un contexto histórico, social y político; y como parte de ese contexto tienen visiones y prejuicios sobre los temas que tendrán que resolver.
Resulta paradójico que los sectores supuestamente independientes tengan que decidir sobre una ley que modifica la estructura de poder que integran. Es decir, los jueces corporativos, defensores del statu quo judicial son los mismos que deben decidir sobre la constitucionalidad de una reforma que le permita a la voluntad popular elegir quienes administran los jueces. La pregunta es ¿dónde está garantía de independencia en una decisión que los posiciona como jueces y parte?
Finalizando, y suponiendo que la resolución de la Corte será negativa, deberíamos prepararnos para trabajar en la construcción de una mayoría que permita sobreponerse a las cautelares que vendrán. Desde los medios, haciéndose eco de la denuncia de Carrio (pacto entre Corte y Gobierno) suponen que el único fin de la reforma judicial era resolver favorablemente la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, por lo tanto, habría una especia de canje: Reforma: Inconstitucional, Ley de Medios: Constitucional. Es decir ¿para qué reformar la justicia, si la Corte puede resolver positivamente la constitucionalidad de la ley de medios?
En fin, el tiempo confirmará o no las versiones. Lo que está claro es el rol "guardián" de la justicia, la judicialización de toda medida gubernamental, y la "doble vara" para calificar como legitimas las maniobras judiciales del poder económicos, y considerar los intentos de la política como un ataque sobre una independencia o neutralidad judicial que no existe.
Lo que subyace a las críticas es el temor eterno de los sectores tradicionales a la voluntad de las mayorías, un temor que no está dispuesto a ceder privilegios históricos, construidos sobre la sangre, la violencia y el despojo de esa mayoría latente que cuando avanza los asusta.
A.R
@argcandanga
Los principales sectores de la oposición son incapaces en el plano político, no lograron construir estrategias electorales duraderas, ni proponer una alternativa política real y consistente. La fórmula política que los caracteriza consiste en desplazar todas las disputas al plano judicial, o lo que comúnmente se denomina "judicialización de la política". La resignación política se traduce en la maniobra de denunciar como inconstitucional las decisiones del poder ejecutivo y legislativo. La permanente recurrencia a medidas cautelares es una camisa de fuerza que intenta maniatar las potestades políticas del gobierno nacional.
En este contexto, en los últimos meses "la democratización de la justicia" ha sido el tema que más inquietó a los sectores que reclaman desde la República y actúan desde las sombras corporativas. La falsa apropiación de la República, que hacen los sectores cómplices de los procesos autoritarios, es una burda maniobra de preservación del orden, donde la justicia no es más que la guardiana del statu quo. La justicia representa el último bastión, el último refugio de resistencia desde donde se apela y se frena la voluntad política de un gobierno democrático y legítimo.
Más allá del debate sobre la reforma estructural de la justicia, existe una desconfianza ciudadana generalizada sobre el accionar de los jueces y las influencias económico-políticas que afectan sus decisiones. A pesar de la desconfianza, los sectores opositores critican la necesidad de una reforma judicial, suponiendo que la misma representa un reaseguro de impunidad para el oficialismo.
La justicia como institución tiene una importancia innegable a la hora de resolver todo tipo de aspectos: penales, comerciales, administrativas, derechos de propiedad, etc. Ante la magnitud de temas que trata, cuando se equivoca sus falencias son aún más notorias. Casos que nunca se resuelven, actores que reciben un trato "privilegiado" frente a ciudadanos de a pie que llevan décadas esperando una respuesta, absoluciones e irregularidades insoportables como el caso de Marita Verón, entre otros.
Con todo, este momento histórico nos plantea un gran dilema: ¿Por qué los sectores del poder económico acuden legítimamente a la justicia para proteger sus intereses; mientras que la iniciativa gubernamental de contrarrestar los efectos de la judicialización de la política es criticada?
La respuesta es obvia, los críticos argumentan que la justicia es independiente, que no debe estar presionada por "la política", sin embargo, no son tan estrictos a la hora de denunciar que el poder económico también presiona al poder judicial. Es decir, la justicia no es independiente porque está integrada por hombres y mujeres que son parte de un contexto histórico, social y político; y como parte de ese contexto tienen visiones y prejuicios sobre los temas que tendrán que resolver.
Resulta paradójico que los sectores supuestamente independientes tengan que decidir sobre una ley que modifica la estructura de poder que integran. Es decir, los jueces corporativos, defensores del statu quo judicial son los mismos que deben decidir sobre la constitucionalidad de una reforma que le permita a la voluntad popular elegir quienes administran los jueces. La pregunta es ¿dónde está garantía de independencia en una decisión que los posiciona como jueces y parte?
Finalizando, y suponiendo que la resolución de la Corte será negativa, deberíamos prepararnos para trabajar en la construcción de una mayoría que permita sobreponerse a las cautelares que vendrán. Desde los medios, haciéndose eco de la denuncia de Carrio (pacto entre Corte y Gobierno) suponen que el único fin de la reforma judicial era resolver favorablemente la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, por lo tanto, habría una especia de canje: Reforma: Inconstitucional, Ley de Medios: Constitucional. Es decir ¿para qué reformar la justicia, si la Corte puede resolver positivamente la constitucionalidad de la ley de medios?
En fin, el tiempo confirmará o no las versiones. Lo que está claro es el rol "guardián" de la justicia, la judicialización de toda medida gubernamental, y la "doble vara" para calificar como legitimas las maniobras judiciales del poder económicos, y considerar los intentos de la política como un ataque sobre una independencia o neutralidad judicial que no existe.
Lo que subyace a las críticas es el temor eterno de los sectores tradicionales a la voluntad de las mayorías, un temor que no está dispuesto a ceder privilegios históricos, construidos sobre la sangre, la violencia y el despojo de esa mayoría latente que cuando avanza los asusta.
A.R
@argcandanga
Para la oposición el gobierno con esto solo busca llevarse por delante a la justicia, ¿Pero con que argumentos razonables? Ninguno! Resulta ahora, que en cuestiones que tienen que ver con el poder judicial el voto popular se vuelve antidemocratico... Es evidente que, como buenos defensores del status quo, lo que les molesta realmente son los cambios y las transformaciones por la que no solo Argentina, sino toda la región en general atraviesa.
ResponderEliminarAdemás que su análisis de la situación es ademas de parcial, incompleto, porque como bien describís, no tienen en cuenta la influencia del poder económico en la justicia, lo que la vuelve cualquier cosa menos independiente.
ResponderEliminarPero más allá de la decisión de la corte, la discusión sobre el rol de la justicia logro instalarse en la sociedad y eso creo que vale la pena rescatarlo como positivo...
Excelente nota! Saludos compañero